Toda la historia de la humanidad ha sido una lucha entre la sabiduría y la estupidez. Los ángeles rebeldes, los seguidores de la sabiduría, han tratado siempre de abrir las mentes; la Autoridad y sus iglesias han tratado siempre de mantenerlas cerradas. Y durante la mayoría de ese tiempo, la sabiduría ha tenido que trabajar en secreto, susurrando su palabra, moviéndose como un espía a través de los lugares humildes del mundo, mientras que las cortes y los palacios son ocupados por sus enemigos.

lunes, 13 de septiembre de 2010

A raíz del 11 de Septiembre de 1973

El discurso políticamente correcto respecto al 11 de Septiembre de 1973, impulsado principalmente desde la derecha, se lamenta de los hechos acontecidos a partir de ese día, pero siempre responsabilizando al gobierno de la Unidad Popular por generar las condiciones para dicho quiebre. Un recurso retórico que ha buscado matizar la, a estas alturas, impopular posición de férrea defensa del golpe.
Lo mismo ocurre cuando se habla de lo que fue la dictadura en sí. El discurso políticamente correcto de la derecha no se quema el poto; la obra de la dictadura fue buena, pero las violaciones a los derechos humanos fueron malas. ¡Como si ambas cosas fueran disociables! Como si el grueso de la obra de la dictadura no estuviera sustentado en el desmantelamiento de los lazos y las organizaciones sociales, y de la conciencia de clase de los trabajadores. Para hacer lo que hizo Pinochet, había que perseguir, torturar y matar, por lo tanto, o se rechaza la dictadura o se le acepta. Pero justificarla bajo la idea de disociar su proyecto político y violación de derechos humanos, significa avalar implícitamente todo lo que se hizo.
Esto lo planteo a raíz de lo siguiente. Este discurso, “políticamente correcto”, sólo pretende hacer abstracción de un período concreto de nuestra historia, en la cual el pueblo llegó al poder, desatando un período de agudización de la lucha de clases que acabó con el golpe. Lo hace, pretendiendo instalar una lógica de análisis que corresponde al período actual, en el cual la lucha de clases se encuentra en un período no antagónico, para que en virtud de ello se condene la agudización de la lucha de clases que se vivió entre el '70 y el '73, culpándose a la Unidad Popular.
Al respecto sólo queda hacer memoria. Cuando se culpa al gobierno de la UP de la sobrepolitización, la polarización extrema, la división y odiosidad –lo que en otras palabras corresponde a la agudización de la lucha de clases-, se omite el hecho de que la derecha también formaba parte de ese proceso. Incluso, si vamos más allá, es la derecha –la oligarquía, los latifundistas, los grandes monopolios, los capitales transnacionales y el gobierno de EE.UU.- y sus organizaciones políticas –Partido Nacional y el Frente Nacionalista Patria y Libertad- los que realizan los primeros movimientos en pos de la polarización y agudización del conflicto entre clases. Tales movimientos sobrepasaron por mucho la legalidad, partiendo por el primero de ellos, que fue el asesinato del General Schneider. Posteriormente el PN le negó la sal y el agua al Gobierno de Allende, creando un clima de ingobernabilidad que difícilmente no llevaría a una situación de gran inestabilidad.
La derecha siempre ha salido libre de polvo y paja respecto a las responsabilidades del “caos” que se vivió durante los años de la UP, cuando la realidad es que ellos son en gran medida los culpables de dicha situación. En todos los ámbitos. A nivel económico, mediante el acaparamiento de mercancías y el control de ciertos gremios (como el de camioneros) y sindicatos (como el de mineros de El Teniente) dedicados a la obstrucción económica; a nivel político mediante el sabotaje desde el Parlamento; a nivel internacional mediante el bloqueo y la conspiración yanqui; a nivel social desde Patria y Libertad que generaba desorden en las calles. Todo esto perjudicó enormemente al pueblo; a Chile entero, mientras que al mismo tiempo, se maniataba al gobierno impidiéndole actuar. ¿Cómo se pueden solucionar los problemas si una mayoría parlamentaria quiere que no se solucionen? La tesis de “la agudización de las contradicciones” es una tesis de derecha, que sirvió a la derecha. La derecha, jugó con las condiciones de vida de todo el pueblo chileno, las hizo deliberadamente peores para así generar las condiciones de su insurrección y de esta forma llegar al poder.
Si uno analiza las condiciones que se generaron a partir del triunfo de la UP –y no necesariamente generadas a partir de la UP-, se da cuenta que, en general, son comunes a las situaciones de otros gobiernos de izquierda en el mundo, como por ejemplo en Venezuela y Bolivia. En general, la llegada al poder de grupos políticos de izquierda, que realmente representan al pueblo tiene como consecuencia mayor politización y mayor conflictividad social. Pero a raíz de la experiencia chilena, en la cual a todas luces la derecha jugó un rol fundamental para contribuir al caos objetivo y subjetivo, difícilmente podamos culpar a estos gobiernos de izquierda o a sus ideologías. Más bien es lo contrario. ¿Por qué siempre que el pueblo alcance el poder vamos a encontrar una respuesta tan activa y fuerte de la derecha? Porque son los únicos gobiernos que realmente significan una amenaza a los intereses de las clases dominantes y, frente a eso, las clases dominantes reaccionan con toda su fuerza, para así impedir la inversión del orden social, que no es otra cosa que la democratización de éste. De todas las clases, las más hostiles han sido las dominantes, porque el pueblo rara vez ha reaccionado frente a los gobiernos de la patronal de la forma en que la patronal reacciona frente a los gobiernos del pueblo. De todas las clases, es la más belicosa y la que defiende de forma más desesperada sus intereses y privilegios. Las clases trabajadoras han tenido que soportar desde siempre la subordinación; las clases dominantes no, y por lo mismo no están dispuestas a aceptarla. Probablemente, frente a otro triunfo del pueblo, volverían a repetir los mismos actos que cometieron durante la dictadura, de los cuales seguramente no se arrepienten.
¿Qué lecciones sacar entonces? Probablemente uno de los errores que más caro costó, fue haberle aguantado tanto a la derecha terrorista y golpista. Hace rato ya que sus acciones eran más que condenables incluso dentro de los marcos de la constitución. Lo que el pueblo demandaba era una mano más firme.
Por otra parte, se ha dejado pasar, sin cuestionamiento alguno, esta idea de que el culpable de la “inestabilidad” entre los años '70 y '73 fue exclusivamente de la UP. Esto ocurrió porque durante la dictadura quienes dirían lo contrario sufrían las consecuencias de la represión y estaban imposibilitados de manifestarse. Y luego, durante el período de transición y los gobiernos de la Concertación, los partidos que habían participado de la UP se habían “renovado” y no existía la voluntad ni el compromiso de defender el gobierno de Allende. El deber de la izquierda no debe estar sólo en criticar la dictadura, sino reivindicar al gobierno popular de Allende, de la izquierda y de los trabajadores. Más allá de las críticas que podamos establecer, las cuales deben hacerse si queremos tener perspectivas reales y no quedarnos en la simple nostalgia, hay que defender lo que encarnaba la UP: la voluntad del pueblo. Así lo entendió la mayoría del pueblo, que cerraba filas en torno al gobierno. Y así también lo entendieron las clases dominantes y la derecha, que puso todas sus energías y esfuerzos en destruirlo

viernes, 12 de febrero de 2010

El "sentido público" y la defensa de la educación estatal

El debate acerca de una educación que realmente combata las enormes desigualdades sociales en lugar de aumentarlas, adquiere hoy día un nuevo sentido debido al triunfo de la peor cara de la derecha neoliberal. Un cambio de sentido entendiendo que, si bien la Concertación ha hecho poco o nada en defensa de la educación que la dictadura se encargó de defenestrar, con el gobierno y gabinete de la oligarquía empresarial neoliberal se sufrirán los peores embistes desde Pinochet. Lo deja en claro la selección de un gabinete perteneciente a las élites, de corte absolutamente tecnocrático y con profundas vinculaciones con el mundo empresarial. No escapa a este perfil Joaquín Lavín, nuevo Ministro de Educación, quien es directivo y accionista de la Universidad del Desarrollo, miembro del Opus Dei y militante del partido más retrógrado de Chile: la UDI.

Es por esto que el debate sobre la educación pública debe fortalecerse para así fortalecer una propuesta que sea lo más sólida posible, a su vez que se fortalece un movimiento estudiantil que vaya detrás de ésta, respaldándola. Necesitamos seguir discutiendo, puliendo ideas, pero siempre en base a argumentos y no en base a tergiversaciones como se ha visto en este tiempo. En este sentido, se hacen necesarias una serie de aclaraciones a raíz del llamado “sentido público” que ciertos sectores insisten en decir que las Juventudes Comunistas defendemos ciegamente, como si, en tanto organización, creyéramos en un humanismo universal de quienes profesan este “sentido público” o “vocación de servicio”, y no nos preocupáramos de las situaciones concretas detrás de este concepto.

Por lo tanto, antes de entrar en detalles de nuestra propuesta, es necesario hacer frente a tres problemas que el debate de la educación pública/privada/estatal debe sortear: uno teórico, otro histórico y otro político. En la medida en que vayamos aclarando cuáles son cada uno de estos problemas se entenderá mejor nuestra posición que no tiene otro objetivo que criticar la absoluta mercantilización de nuestro sistema de educación.

EL PROBLEMA TEÓRICO

Se sabe bien, desde Marx, que el Estado es un instrumento de dominación de las clases dominantes. En este sentido, el Estado es un aparato cuya función es la dominación material lograda mediante -en términos de Weber- el monopolio legítimo de la violencia física. Pero también sabemos, en especial desde Althusser, que junto al aparato “represivo” del Estado están sus aparatos ideológicos, dentro de los cuales tiene un lugar privilegiado la educación. Es decir, la educación como tantos otros, es un medio a través del cual circulan las ideas, la ideología, de la clase dominante. En este punto, poco importa la distinción entre estatal o privado, pues ambos son escenarios en donde la burguesía manda, orienta y decide.

¿Qué hace pensar entonces, a estos grupos de izquierda, que es posible dar una mejor pelea en el ámbito de la educación estatal? ¿Acaso no son ellos los que ingenuamente caen en una visión burguesa del Estado y sus ámbitos, en la cual éstos responden intrínsecamente a un sentido público que represente la mayoría de la sociedad? Aclaremos las cosas: la única forma posible de sentido público real, que se de no sólo en la “voluntad” (que en realidad obedece a la ideología) sino que se dé materialmente, es un Estado socialista donde efectivamente la clase trabajadora sea la dominante. Por lo tanto, cualquier defensa de la educación del Estado, que hoy es capitalista, cae en una trampa ideológica de la que es necesario escapar. Para que la educación estatal sea defendible como valuarte de una educación al servicio de las clases explotadas, tendría que ser una educación estatal socialista.

Ahora bien, para ello tendríamos que hacernos del poder del Estado, objetivo que algunas organizaciones nos planteamos a diferencia –paradójicamente- de quienes defienden sólo la educación estatal. Evidentemente, una táctica y estrategia bien definida no puede dar como resultado que la única acción sea hacerse con el Estado, por lo que hay que ver formas de atacar hoy el problema en todos sus niveles. Esto hace necesaria una lectura que nos dirá que hay instituciones privadas y estatales, las cuales ambas obedecen a un mismo modelo de educación. Vemos entonces que la defensa a ultranza que hacen estos grupos de la educación estatal, cae en una incoherencia al defender la educación estatal como estandarte de lo público –lo cual obedece a una visión ideológica- al mismo tiempo en que critica una supuesta “claudicación” al servicio de la ideología dominante por parte de las JJ.CC. Esto nos lleva al siguiente problema, acerca de la realidad y del contexto del problema, que es precisamente el Estado.

EL PROBLEMA HISTÓRICO

El problema histórico que tiene este llamado a la defensa de la educación estatal es que se reivindica un modelo de universidad de respondía a un modelo de Estado que tenía un proyecto de desarrollo específico. Ese era el Estado de compromiso cuya vida se extendió hasta 1973 y el cual por su estructura tenía la capacidad de incorporar demandas de los sectores que estuvieran políticamente organizados mediante partidos. Si bien, también en ese entonces el Estado era un aparato de dominación de las clases dominantes, gracias a muchos años de movilización y organización social se habían obtenido importantes avances, los cuales se perdieron en la dictadura y todavía no se recuperan. Y también es necesario recalcar que la absoluta omisión acerca de estos grupos de la educación privada, también responde a una realidad histórica en la cual no existían las instituciones de educación superior que existen hoy en día.

Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar de la educación estatal, sino un proyecto neoliberal acorde a su modelo de desarrollo? Y frente a este problema, ¿qué respuesta tenemos si no es la movilización organizada de los estudiantes en base a objetivos concretos y bien definidos? Precisamente frente a esa respuesta, no podemos limitar esa lucha a un espacio que ya no tenemos, que es el espacio estatal, pasando por alto otro espacio importante como es el privado simplemente por dogmatismos históricos. ¿Acaso un trabajador sólo debe luchar y sindicalizarse en empresas estatales esperando a que éstas absorban a las privadas? ¿Acaso las empresas privadas no deben ser un campo de lucha simplemente porque son privadas? Como vemos, el problema teórico y el problema histórico tienen profundas consecuencias políticas que de no tratar a tiempo nos llevarán a una derrota estudiantil y al triunfo del gobierno empresarial.

EL PROBLEMA POLÍTICO

El problema entonces, es cómo dar la lucha política para asegurar una educación al servicio del pueblo y no de las clases privilegiadas. La pregunta es dónde dar la lucha, teniendo en cuenta que tanto la educación estatal como la privada están al servicio de un mismo proyecto ideológico.

La respuesta que nos dan estos grupos tiene el error de caer en inconsistencias teóricas y en dogmatismos históricos que en definitiva restringen y limitan la lucha política que podamos dar. Y no es que esté equivocada en su objetivo de luchar por una mejor educación estatal, pero sufre las incoherencias mencionadas aparte de ser limitada en su campo de acción. Y son estas las fallas, no otras. Porque como Juventudes Comunistas sí estamos a favor de que la prioridad número uno del Estado sean las universidades de su propiedad. Sí estamos a favor de aportes basales de libre disposición, de una democratización no sólo en el sistema de ingreso, sino en el sistema de financiamiento tanto de la misma universidad como de las distintas unidades académicas. Sí estamos a favor de un estatuto que garantice la toma de decisiones con todos los actores universitarios involucrados. Todas estas son demandas por las cuales luchamos dentro de la Universidad de Chile, para que no se profundice el ya avanzado estado de elitización en el que se encuentra.

Pero no podemos dejar de lado otra realidad, que es la realidad de las universidades privadas. Y cuando se habla de “universidades privadas con sentido público” no nos referimos a una confianza en la buena voluntad de servir a Chile por parte de los privados. Se trata de universidades, como la de Concepción, que dados sus orígenes, dada su inserción regional, dada la composición socioeconómica y política de sus estudiantes, permite también dar una lucha política que apunte a los mismos objetivos que nos planteamos en la Chile: estatutos democráticos, sistemas de acceso equitativos, programas de investigación que no sean regidos por la demanda del mercado, etc. Y si bien es responsabilidad de las respectivas comunidades universitarias plantear esas demandas, cada institución se inserta dentro de un sistema de educación, del cual tiene que hacerse responsable el Estado. Y esto hay que decirlo no porque esperemos algo del Estado conducido hoy por la oligarquía empresarial, sino porque es hacia él donde debemos dirigir nuestras demandas, pero no sólo desde las universidades estatales, sino que también desde las privadas con las cuales haya convergencia en la necesidad de regular la educación para que no siga operando bajo criterios de mercado.

Por lo tanto, la lucha política hay que darla en todos los ámbitos donde sea posible darla. No por concepciones equívocas de que las clases pobres entran a las universidades privadas (que en realidad nadie sostiene, por lo cual quien diga que afirmamos eso se queda discutiendo con fantasmas –debate que no ofrece muchos desafíos a la inteligencia ni a la capacidad política y que por lo mismo se puede ganar fácilmente-), sino porque es un campo real de disputa política que no sólo es posible dar, sino que es necesario. Esperar el fortalecimiento de la educación estatal para dar la lucha en las universidades privadas es casi como esperar la llegada del socialismo para la solución de los problemas.

El “sentido público” no obedece a la filantropía o excesivo humanismo de quien la orienta, sino de sus intereses. Es por ello que el sentido público debe ganarse mediante la lucha política que demos. Ese es el llamado que hacemos como organización política. Y para esta lucha se necesitan todos los aliados que podamos tener, todos los aliados que respondan a ese llamado. Quedarse solos para “esperar el fortalecimiento de la educación estatal” es un iluminismo reaccionario que lejos nos llevará de los triunfos objetivos que necesitamos alcanzar para avanzar hacia la sociedad que queremos.

martes, 9 de febrero de 2010

Carta publicada en diario La Tercera 09/02/10 (versión original)

A raíz de los resultados obtenidos por el Partido Comunista en la última elección y de su inminente ilegalización, se ha sostenido por parte de algunos sectores que esta colectividad no tiene la votación suficiente para sacar diputados y que eso explicaría la marginación política que ha vivido en estos años.

Si bien es cierto que la votación del PC no es alta, estas opiniones carecen de un rigor lógico básico que es necesario corregir. En primer lugar, históricamente el PC ha obtenido aproximadamente un 5% de los votos, por lo que cual nunca antes se había visto en la situación actual en la que perderá la legalidad. En segundo lugar, es necesario señalar que si hoy se encuentra con su legalidad amenazada, no es por ser poco votado, sino que debido al pacto con la Concertación no llevó candidatos en todo Chile sino que en unos cuantos distritos, lo cual, evidentemente, le impide tener una votación a nivel nacional.

Invitaría a quienes sostienen que el PC no tiene votantes a que revisen los resultados obtenidos por los tres candidatos comunistas electos, quienes lograron holgados triunfos.



http://www.latercera.com/contenido/896_224450_9.shtml